A efectos de tomar conciencia de la importancia práctica del instituto de la revocación en el ámbito tributario, basta pensar, por ejemplo, en el mantenimiento de los efectos de una sanción firme que trae su causa de una liquidación posteriormente anulada; o en el mantenimiento de los efectos de una liquidación firme dictada en aplicación de una norma derogada. Sin duda, son estas situaciones que, aun respaldadas por el principio de seguridad jurídica, cabe calificar de improcedentes y que, en orden a la consecución de la justicia tributaria para el caso concreto, reclaman la posibilidad de su revisión por la Administración. Es en este marco en el que aparece el instituto de la revocación tributaria. En municipios de régimen común no es infrecuente que se produzcan actos tributarios inválidos que, sin embargo, los destinatarios solo pueden impugnar en vía administrativa ante el mismo órgano municipal que los haya dictado. Porque en estos municipios, excepto por lo que se refiere a los actos que dicten por delegación de la Administración del Estado en tributos de gestión compartida, las posibilidades de revisión administrativa ordinaria se reducen al recurso de reposición local. De ahí la relevancia de los procedimientos especiales de revisión. Entre ellos, la revocación (artículo 219 de la LGT).